Caso PM Gisele: Policía Militar de São Paulo oficializa la jubilación de teniente coronel detenido y acusado de matar a su esposa

Entienda lo que significa esta decisión.

Detenido bajo la acusación de haber asesinado a su exesposa, la policía militar Gisele Alves Santana, el teniente coronel Geraldo Leite Rosa Neto tuvo su jubilación oficializada por la Policía Militar del Estado de São Paulo este miércoles 10 de junio.

La medida garantiza que continúe recibiendo remuneración incluso después de haber sido apartado de la corporación en abril.

En la práctica, a partir de julio, Geraldo Leite Rosa Neto dejará de recibir pagos directamente de la Policía Militar y pasará a percibirlos a través de la São Paulo Previdência (SPPrev).

El decreto, firmado por el director de Inactividad y Pensiones Militares, coronel Antonio Thomazelli Júnior, transfiere el pago de los haberes del oficial a la SPPrev, organismo responsable de la gestión de jubilaciones y pensiones de los servidores públicos estatales y militares.

La oficialización de la jubilación ocurre mientras el teniente coronel sigue siendo investigado por la muerte de Gisele Alves Santana, quien también formaba parte de la Policía Militar de São Paulo.

Desde que fue apartado de sus funciones, sus salarios continuaron siendo abonados con normalidad.

Según la propia corporación, esta situación podría cambiar en caso de que sea condenado por la Justicia Militar a la pérdida de su rango y patente.

Paralelamente al proceso penal, el oficial enfrenta un procedimiento administrativo interno que podría derivar en su expulsión definitiva de la Policía Militar.

Una eventual exclusión de la institución también podría afectar su situación previsional. De acuerdo con la corporación, la pérdida de la patente podría implicar la suspensión de los beneficios pagados por la SPPrev.

En ese escenario, Geraldo dejaría de estar encuadrado en el régimen previsional militar y pasaría a estar sujeto a las normas comunes del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

La publicación del decreto ha llamado la atención por producirse en medio de las investigaciones de un caso que involucra a dos miembros de la propia corporación, cuando aún no existe una decisión definitiva de la Justicia Militar ni ha concluido el proceso administrativo disciplinario abierto contra el oficial.

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